Por Maria Paula Cielo, estudiante de Economía del tercer ciclo de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
“Las medidas de contención adoptadas (…) se han mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero están teniendo un impacto negativo sobre la actividad económica-global y sobre diversos grupos sociales (…). Es necesario comenzar la recuperación social y económica, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades necesarias (…)’’ – Decreto Supremo N° 080-2020-PCM
Hace poco menos de dos meses, como medida de precaución ante el COVID-19, el gobierno dispuso la paralización de actividades económicas en todo el país; lo cual, en cifras, ha significado ver nuestra economía nacional reducida únicamente a un 44%. Partiendo desde aquí, nos podemos preguntar por qué es importante una reactivación económica y como respuesta rápida pensaríamos en el costo ocasionado por esta paralización y en el que se produciría de no comenzar con ella.
La caída del PBI en este año es un hecho, sin duda, inevitable; teniendo en cuenta el tiempo de paralización durante la restricción social y el que tardará una posible reanudación de actividades en su totalidad (aún prevista para el cuarto trimestre del año), nos indicaría estar frente a una caída severa.
Por otro lado, en cuanto a las empresas que se encuentran frente a un mayor riesgo de cierre, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), son las relacionadas a los sectores construcción, comercio, restaurantes y hoteles. Pero, en general, la mayoría de empresas se han visto en la obligación de tomar medidas, que en algunos casos han resultado con la no renovación de contratos, reducción de salarios y, lo que podría ser “abrir una caja de pandora”: acogerse a la suspensión perfecta de labores. Además, surge la duda entorno a la capacidad con la que contarían las diferentes empresas para seguir enfrentando la detención de sus actividades y cuánto tiempo podrían esperar para obtener “luz verde” en su funcionamiento.
Es en base a este costo económico que resulta urgente estudiar las posibles vías para reanudar actividades y que a su vez puedan permitir controlar la propagación del virus.
Resulta imprescindible que el análisis, para poder construir una sucesión correcta y progresiva de reanudación en actividades sea dada a profundidad, se quiere evitar principalmente que el “abrir las puertas” a los trabajadores sea un motivo para generar focos infecciosos. Debido a ello, es importante que dicha evaluación se base en ciertos criterios que puedan cubrir en lo máximo posible este objetivo; entre ellos:
- Considerar la vulnerabilidad que pueda presentar un sector al Covid-19: la implementación de protocolos que podrían ser capaces de adquirir las empresas y la calidad que deben tener estos para prevenir en un porcentaje considerable el contagio.
- La estructura económica peruana: El impacto generado por la paralización de un sector en específico y su aporte para el PBI.
En definitiva, hay muchos otros aspectos y criterios a tomar en cuenta, los cuales hagan de este análisis uno más complejo, y es ahí donde el gobierno presenta grandes retos.
Las Cuatro Fases
El gobierno ha previsto un plan de reactivación económica, el cual tendrá cuatro fases donde cada una tendrá un mes de duración, comenzando la fase 1 en el mes de mayo. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, indicó que se tiene previsto que al término de la primera fase se tenga funcionando a la economía peruana en un 70%, cifra que permitiría continuar emprendiendo las actividades en los meses de junio, julio y terminando agosto con una actividad al 95%, dejando pendiente un residual de 5% para la etapa de “normalidad”. Los primeros sectores que estarían reanudando sus actividades son: minería e industria, servicio y turismo, construcción y comercio.
Es importante mencionar que para la continuidad de estas actividades, las empresas referidas a estos sectores deben cumplir con las disposiciones obligatorias de seguridad tanto para los trabajadores como para el público. Y quizá, estas son el motivo de cuestionarse en medida de su posibilidad de realización, pues, parámetros indicados por el Ministerio de Salud (MINSA) para los trabajadores, como no exceder cierto límite en el índice de masa corporal (IMC) o no contar con enfermedades preexistentes que puedan ser de riesgo frente a este virus, no serían del todo fácil en su cumplimiento, teniendo en cuenta índices de salud como, por ejemplo, la tasa de sobrepeso u obesidad que existe en nuestro país, donde justamente el rango más alto se encuentra en los adultos.
El gobierno ha previsto un plan de reactivación económica, el cual tendrá cuatro fases donde cada una tendrá un mes de duración, comenzando la fase 1 en el mes de mayo. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, indicó que se tiene previsto que al término de la primera fase se tenga funcionando a la economía peruana en un 70%, cifra que permitiría continuar emprendiendo las actividades en los meses de junio, julio y terminando agosto con una actividad al 95%, dejando pendiente un residual de 5% para la etapa de “normalidad”. Los primeros sectores que estarían reanudando sus actividades son: minería e industria, servicio y turismo, construcción y comercio.
Es importante mencionar que para la continuidad de estas actividades, las empresas referidas a estos sectores deben cumplir con las disposiciones obligatorias de seguridad tanto para los trabajadores como para el público. Y quizá, estas son el motivo de cuestionarse en medida de su posibilidad de realización, pues, parámetros indicados por el Ministerio de Salud (MINSA) para los trabajadores, como no exceder cierto límite en el índice de masa corporal (IMC) o no contar con enfermedades preexistentes que puedan ser de riesgo frente a este virus, no serían del todo fácil en su cumplimiento, teniendo en cuenta índices de salud como, por ejemplo, la tasa de sobrepeso u obesidad que existe en nuestro país, donde justamente el rango más alto se encuentra en los adultos.
Al mismo tiempo, un punto esencial es también analizar la capacidad de supervisión de estas condiciones necesarias, pues debemos tener en cuenta que, debido al elevado grado de informalidad en nuestro país, el porcentaje de empresas que podrían cubrir estas disposiciones es bastante reducido, y conociendo que su cumplimiento es vital para la protección de la salud, la supervisión amerita ser bastante cuidadosa. ¿Estaría realmente el Estado en la capacidad de fiscalizar esta reapertura de actividades, o es que tal vez, como en muchas ocasiones, la disfuncionalidad nos pueda “jugar una mala pasada”? Por lo pronto, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegura la rigurosidad y constante evaluación de cada fase.
¿Es el momento para la reactivación?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta crisis no es de exclusividad nacional, por lo tanto, existen perjuicios tanto en el ámbito externo como interno, lo que de por sí, muestra la complicación que tendría una recuperación económica. A esto se le suma la incertidumbre de lo que se presentará en lo que resta del año; la idea del confinamiento necesario por salubridad junto a la continuidad de la paralización de actividades, no permite generar sensación de tranquilidad en la población; la mayoría se ha quedado sin ingresos para subsistir y muchas de las empresas están en posibilidad de quebrar.
Sin embargo, las dudas en torno a reanudar las actividades cuando la curva de infectados aún no haya alcanzado el punto de inflexión y las cifras de muertes sigan en aumento; ha sido un tema controversial, pues, se podría estar cometiendo un error de política económica, corriendo el riesgo de ocasionar problemas más costosos tanto en el sector salud como en la producción.
Es preciso mencionar que, en esta ocasión en la toma de decisiones, por primera vez, se prioriza una variable epidemiológica y no se depende netamente de una económica. Un escenario más seguro sería comenzar las actividades cuando el factor R (Tasa de reproducción del virus) sea menor a 1, es decir, frente a una cantidad mínima de contagios, indicando una situación manejable; muy distinto a nuestra realidad actual, donde este factor aún supera el estándar mencionado y la reanudación pueda implicar un probable incremento acelerado en el número de infectados; pues lamentablemente, a pesar de las medidas estrictas que se tomen, el aislamiento físico, justamente factor determinante para el contagio, se verá reducido de alguna manera por las personas que deban laborar.
También es dable mencionar, una reiterada extensión de la cuarentena buscando poder alcanzar el punto máximo de la curva durante esta etapa. Si no se hubiera tomado esta medida era muy probable que sucediera un colapso sanitario obligando a retomar el aislamiento, prácticamente “comenzar desde cero”, para lo que es muy improbable que el país esté preparado: la pérdida en la producción sería mucho mayor y la caída del PBI más de lo esperado.
Necesidad de Estado
Para concluir, la reactivación económica es un hecho necesario, nos queda esperar que las constantes evaluaciones puedan permitir ir generando un escenario positivo para el país y su población.
Me permito recalcar que si la necesidad de Estado es imprescindible, la necesidad de una buena gestión y función del Estado, es vital. Existen muchos factores que se mostrarán aún en el transcurso de las fases establecidas por el gobierno, pudiendo ser el desencadenante de posibles situaciones alternas.
Una evaluación constante y profunda que permita moldear el plan de acción a la realidad actualizada durante los próximos meses, es la mejor garantía para que a lo largo de este periodo de reactivación se genere un resultado favorable, dando constancia de una toma de medidas adecuadas y oportunas.
Es momento para que el Estado cubra verdaderamente su rol, y a pesar de las dificultades comunes y conocidas, pueda sumar esfuerzos prevaleciendo su funcionalidad para beneficio nacional.