Por Lucia Mendoza Zevallos Ortiz y Camila Carrillo Sam, estudiantes de la Universidad de Lima.
24 de junio del 2020, 14:00 pm; día 101 de aislamiento social.
«Esperaremos 48 horas para que lleguen a un acuerdo; caso contrario, invocaremos el artículo 70 de la Constitución”. Martín Vizcarra, presidente de la República, advierte posible expropiación del sector privado de salud. Incertidumbre, disgusto empresarial y la reminiscencia de Velasco Alvarado se puso de manifiesto.
La clínica San Pablo vendió el omeprazol a S/. 165. La azitromicina llegó a costar S/.66, la dexametasona S/. 250 y los medicamentos genéricos están “agotados”. El dinero vence al COVID-19 y Edwin Tello puede confirmarlo, por 21 días adeuda S/.250 000 a la clínica San Felipe. S/. 11 000 diarios para mantenerse con vida.
El Estado propuso estatizar el servicio de salud para garantizar el acceso a todos los peruanos. Sin embargo, luego de la ineficiencia que el sector sanitario público ha demostrado, al tener que esperar meses para obtener una cita en EsSalud, esta propuesta parece más un agravante que una solución.
El Perú tiene una economía social de mercado, en la que los precios son determinados por la oferta y demanda, y se justifica un rol activo del Estado, a fin de proteger los derechos sociales. Entonces ¿hasta qué punto la estatización perjudicaría a nuestro país?
Limitar la acción del privado implica costos mayores. No para el Estado, sino para nosotros. El incremento del costo de producción por la insaciable demanda de atención, frente a la reducción del precio de venta, genera una disminución en la oferta y una manifiesta incapacidad para atender a todos los pacientes. No cabe duda que esta sería la medida más gravosa para nuestra tan golpeada economía.
22:00 horas del mismo 24 de junio.
Max Hernández, anuncia un acuerdo entre el sector privado y el MINSA en menos de 12 horas. Lo cual demuestra un tema de estrategia política, que representó la posible afectación de intereses privados.
Santo Tomás, una y no más. Esta estrategia acertada fue aplicada como una política destinada exclusivamente al sector de salud. Mas allá de que el juego político del estado haya funcionado, nos obliga a realizarnos la siguiente pregunta: ¿En realidad el estado estaba dispuesto a realizar un gran desembolso de dinero para estatizar y cubrir los costos operativos de las clínicas privadas?
Entendemos que el sector salud es una prioridad. Sin embargo, como contraparte del mismo juego político iniciado por el estado, las presiones por parte de otros sectores de la economía que también se encuentran en estado crítico no iban a tardar. El sector transporte, alimenticio, agricultor, podían haber exigido el mismo apoyo, en pleno uso de su derecho. Exigencias que dudamos que el Estado pueda cubrir sin exacerbar el preocupante déficit fiscal que se proyecta para fines de año.
Esta medida solo iba a generar desigualdades, sin mencionar que, a futuro, incursionar en el sector privado de salud generaría temor e inseguridad. Si ya fueron expropiados una vez ¿qué les garantiza que no volverá a ocurrir?
Como vemos, una medida aplicable a políticas tanto de izquierda como de derecha trae el mismo resultado: Una incertidumbre negativa que solo debilitará el mercado.