Por Héctor Alvizuri Vassi, Vicepresidente de APEECO.
Según la teoría económica, cualquier tipo de control de precios, ya sea imponiendo un precio máximo o un precio mínimo, generará estragos en la economía, como desintermediación, exclusión, racionamiento y mercados negros. Esto se debe a que los controles de precios no pueden derogar la ley de la oferta y la demanda, y dicha afirmación se ha demostrado en múltiples casos en diferentes países. El caso más representativo en nuestro país es el primer gobierno de Alan García, en el que esta medida llevó a que se generen los llamados “paquetazos”.
El miércoles 7 de octubre fui invitado, junto con Rodrigo Guevara, presidente de APEECO, a una conferencia realizada por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), en la cual Sergio Urday, jefe de Información Económica y del Sistema Financiero de Asbanc, habló sobre las repercusiones económicas que tendría la promulgación de la ley que pondría un precio tope a las tasas de interés.
Él nos explica, desde un punto de vista simple, enfocado en la teoría macroeconómica, que la única manera de reducir precios sin generar distorsiones es incrementando la oferta o desincentivando la demanda; y que, al poner un límite máximo por debajo del precio, no todas las empresas van a querer o no van a estar en las condiciones de ofertar las cantidades que brindaban con los precios normales, lo que generaría una brecha entre la oferta y la demanda creando una gran demanda insatisfecha.
Por eso, Martín Naranjo, presidente de Asbanc, señala que “las tasas de interés, por ser un precio más en el mundo financiero, no serán la excepción. Establecer topes a las tasas de interés no va a proteger a los que menos tienen; al contrario, los va a dejar sin acceso, los va a excluir del crédito formal, los va a condenar a trabajar con los prestamistas informales. Lo que sí lograrían los topes a las tasas de interés es ampliar el mercado negro, el de los préstamos informales, esos de la moto y del gota a gota, esos de los métodos de cobranza delincuenciales. Además, golpearíamos irremediable, fuerte y negativamente a nuestra industria microfinanciera. Lo que sí funciona es la economía de mercado, la competencia, la libertad de asignación de recursos y, especialmente, la libertad de precios”.
El crédito es una promesa de pago y la tasa de interés es cuánto vale esa promesa de pago. La tasa mejora dependiendo del historial crediticio de las personas, lo que genera tasas de interés menores. La TCEA es un instrumento muy útil para comparar diferentes alternativas cuando hay un plazo y monto de cuota definido. En el caso de las tarjetas de crédito no hay un plazo ni un monto definido, debido a que el cliente puede hacer un pago total o parcial, sacarlo a un número de cuotas que crea pertinente y, además, se cobran distintas tasas según el tipo de consumo que se realice. La norma, al exigir que se ponga una TCEA para todos los tipos de crédito, también incluye las tarjetas de crédito, y, para calcular la TCEA, se usa la tasa máxima con que estas cuentan, lo que causa una distorsión en el costo del crédito de las tarjetas dejando de reflejar su costo real.
La SBS hizo una comparación de tres tarjetas Visa clásicas de tres entidades diferentes, del Perú, Chile y Colombia. Para esta comparación se asumió un solo consumo equivalente de 1000 soles por tarjeta, con un pago mínimo durante 12 meses y pagando la membresía anual y otros cobros (en el caso del Perú, solo es el seguro de desgravamen) al final del periodo. Esto dio como resultado que, en nuestro país, con una TEA máxima de 80%, se genere una TCEA de 99.8% y, al usar una TEA promedio de 54.66%, se produzca una TCEA de 72.72%.
Entonces, a manera de ejemplo, Sergio Urday explica el caso de una compra con tarjeta de crédito con una tasa efectiva anual (TEA) de 60%, una membresía anual de 200 soles y 6 soles de desgravamen mensuales. Para el caso, se asume un crédito de consumo revolvente de 1000 soles y se decide pagar esta compra en 12 meses pagando “el mínimo” durante los primeros 11 meses, junto con el seguro de desgravamen, y en el mes número 12 se paga la membresía. Esto daría como resultado una TCEA de 104.67%, por lo que resulta un ejercicio muy estricto para expresar el costo de uso de una tarjeta de crédito.
Esto demuestra que cualquier pago mayor al mínimo reduciría la TCEA. Además, los bancos brindan opciones de tarjetas de crédito sin pago de membresía, lo cual también se ha impuesto como medida regulatoria, lo que reduciría la TCEA del ejemplo anterior a 74.08%; y si adicionalmente le quitamos el desgravamen —pues ya existen tarjetas que no lo incluyen—, la TCEA se reduciría a 60%. Es decir, sería igual a la TEA.
Finalmente, Sergio planteó dos caminos que podían tomar los bancos ante la limitación por el tope de las tasas de interés: restringir el crédito dejando de prestarle al segmento al que se dirigían y comenzar a prestarle a uno más rentable; o, en última instancia, salir del mercado y compensar costos aumentando alguna comisión o incrementando comisiones adicionales. Pero en el Perú hay una regulación muy estricta respecto al cobro de comisiones, lo que deja muy pocas alternativas.
Hay que tomar en cuenta que el mercado financiero está conformado por distintas entidades, desde bancos grandes hasta pequeños prestamistas, las cuales están dirigidas a clientes distintos. Los bancos tienen un crédito promedio de 18 mil soles por persona —debido a que manejan carteras mayoristas, que vendrían a ser las empresas corporativas— y cobran una tasa de interés promedio de 37.6% con un ratio de incumplimiento promedio de 8%; mientras que las empresas especializadas pequeñas manejan una tasa de interés promedio de 92% ya que deben compensar el elevado ratio de incumplimiento (27.2%), el mayor gasto de personal (15.7% de los créditos respecto al 1.8% de los grandes bancos) y el bajo crédito promedio que manejan, cercano a los 2 mil soles.
Como reflexión, se tendría que ver qué tanto beneficiaría o afectaría realmente la restricción del crédito como consecuencia de un precio tope a las distintas empresas. Según el análisis de Asbanc sobre las entidades de consumo, 6 de estas excederían el precio límite dejando 1.8 millones de clientes con restricciones; en la pequeña empresa, 18 excederían el límite, dejando 310 mil clientes con restricciones de acceso al crédito; y respecto a las microempresas, 7 serían las que excederían a este tope, dejando 768 mil personas con crédito restringido. Esto da un total de 2 millones 878 mil usuarios que tendrían restricciones crediticias; y en el caso de las empresas, solo las más grandes podrán mantenerse, mientras que las más pequeñas tenderán a desaparecer.
Ante lo expuesto y teniendo en cuenta los factores que afectan los precios del crédito —como el costo que asumen los bancos al buscar al cliente, evaluarlo, atenderlo y cobrarle, lo que incluye un riesgo impago que depende de la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos—, me pregunto si nuevamente vamos a caer en las medidas cortoplacistas que nunca han solucionado nada y solo han empeorado todo o si se tomarán medidas que resuelvan el problema base (educación, salud y seguridad) en un mediano o largo plazo.
La teoría nos dice que las medidas legislativas que quiere impulsar el Poder Legislativo para obligar al BCRP a imponer una tasa límite —teniendo en cuenta que es una entidad independiente y que el Estado, por ley, no puede intervenir en este— no funcionan. La práctica lo ha demostrado con los errores fatales cometidos años atrás por varios gobiernos, en distintos países, cuyas políticas económicas los llevaron a grandes crisis, como la hiperinflación causada por Alan García en su primer gobierno al tomar medidas similares. Entonces, ¿por qué tomarlas?