Por Sergio Daniel Inca Escriba, Ganador del 1° Puesto del Concurso Internacional de Ensayos de APEECO. Estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
No existe un solo país cuyos planes económicos para el presente año no hayan sido afectados por la pandemia del COVID-19. El brote del virus en todo el mundo forzó a muchos países a entrar en cuarentena paralizando las actividades productivas y generando despidos masivos, ello ocasionó un efecto negativo en cadena el cual comienza por la reducción de ingresos de muchas familias.
Si revisamos antecedentes de caídas del producto, la economía peruana ya ha experimentado graves crisis económicas en la década de los 70 y 80, tomando 15 años recuperar los niveles precrisis. En ese sentido, resulta sustancialmente importante preguntarnos cómo y qué medias aplicar para impulsar la reactivación económica.
El presente ensayo muestra en primera instancia una breve descripción del impacto económico gatillado por la pandemia; luego, se explica las dinámicas y tendencias de algunos sectores de nuestra economía para entender su importancia y posibilidades de aportar al crecimiento económico para, finalmente, esbozar algunas ideas de qué hacer para impulsar la reactivación económica con miras al desarrollo sostenible. La conclusión principal de este ensayo es que las políticas sectoriales juegan un rol importante en el desempeño de la economía y además ayudan a la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible, el sustento se encuentra en las diversas sinergias positivas que encontramos en varios sectores; por ejemplo, la relación inversión y empleo generado en la minería.
Impacto e Implicancias de la emergencia sanitaria
La depresión de la economía peruana encuentra sus causas en diversos frentes. Uno de ellos fue la reducción de precios de algunos commodities como el cobre tocando valores promedio anuales menores al 2019 (Cochilco, 2020). Además, la contracción de las exportaciones como consecuencia de la disminución de demanda externa y menores importaciones harán que la demanda interna se sitúe en niveles inferiores a años previos.
Adicionalmente a los factores mencionados, tenemos la cuarentena nacional impuesta en marzo. Este confinamiento ocasionó el cierre repentino de muchos negocios y, por tanto, despidos masivos. Esta afirmación se ve reflejada en la estadística de empleo recopilada por INEI (tomada en trimestres móviles), en ella observamos que los niveles de PEA ocupada en Lima para el trimestre abril-mayo-junio del presente año se encuentra a menos de la mitad respecto al mismo periodo del 2018, año en que crecimos 4%. (INEI, 2020).
La disminución drástica del empleo no hace sino gatillar una reacción en cadena que comienza por la reducción de ingreso disponible de las familias hasta la disminución de demanda de bienes no esenciales y, consecuentemente, cierre de negocios por falta de clientes. Esta afirmación se sustenta con la relación entre crecimiento del desempleo y la reducción transitoria del consumo (Soto, 2004).
Por todo lo anterior, el BCR estima en su Reporte de Inflación de junio que la caída del PBI se situaría en 12.5% (BCRP, 2020) mientras que otras instituciones sitúan la caída del producto de Latinoamérica en 7.7%. Así, nuestro país es de los más afectados en la región.
Sin embargo, a estas alturas del año comenzamos a apreciar la recuperación o menor caída de nuestra economía a medida que se reanudan las actividades de varios sectores. Evidencia de ello se encuentra en los reportes diarios del COES respecto a la demanda de electricidad diaria.
Es importante mencionar que la demanda de electricidad es un indicador que permite estimar un nowcasting del crecimiento del PBI (Martínez & Quineche, 2014). Además, este indicar fue usado en el paper “Un indicar líder de actividad real para el Perú” (Pérez, Ghurra, & Grandez, 2016).
Finalmente, si aplicamos la descripción de resiliencia macroeconómica expuesta por Rojas-Suárez en (Yamada, Política y estabilidad monetaria en el Perú, 2016), entenderemos que el Perú poseía espacio fiscal y estabilidad monetaria para aplicar medidas contra cíclicas que amortigüen el impacto de la emergencia sanitaria. No obstante, la política fiscal y monetaria ya no cuentan con el mismo espacio para aplicar medidas, consecuentemente, es necesario tomar en cuenta a las políticas sectoriales.
Tendencias en la dinámica sectorial peruana
La economía peruana posee diversos motores de crecimiento, algunos son fuertes generadores de inversión, otros generan relativamente más empleo e incluso algunos son fuente de encadenamientos productivos. En ese sentido, la reactivación económica no solamente se debe enfocar en el uso de las políticas fiscal y monetaria sino también en generar las condiciones propicias para el buen desenvolvimiento sectorial. A continuación, brindo detalles de algunas de las dinámicas sectoriales:
El sector agropecuario es un claro ejemplo de diversificación y crecimiento continuo del comercio exterior. Así, a pesar de mantener una tasa de crecimiento de PBI cautelosa este sector posee una inmensa demanda del exterior (tenemos presencia en más de 100 países) y varios de nuestros productos han tenido un sostenido crecimiento de ventas en la última década. Ejemplo de ello es el arándano, pasando de registrar ingresos menores a US$ 1 millón en 2010 a pasar los US$ 800 mil millones o las uvas pasando de aproximadamente US$ 186 millones en 2010 a US$ 879 mil millones, esto de acuerdo con información aduanera oficial (SUNAT, 2020)
Las potencialidades del sector (productos diversificados y extenso mercado externo) hacen propicia la demanda por mano de obra en esta rama. Así, frente a esta ventaja, se debe promover la innovación y fortalecer la gestión de calidad con el cumplimiento de estándares internacionales (Zegarra, 2019) para garantizar el crecimiento de la producción, aumentar las exportaciones y así emplear a más personas.
Construcción es, sin duda, un sector muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. La culminación de proyectos de transporte, de hospitales, escuelas y además guarda una fuerte relación con el nivel de vida de las personas y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (TheEconomist, 2019). Ello no solo por los beneficios futuros que puedan generar las obras, sino también en el empleo creado y los niveles de inversión de impliquen estos proyectos.
Según información de Ositran, la cual recolecta de acuerdo con los avances de ejecución de los proyectos mensualmente, muchas de las obras están lejos de terminar construcción/modernización. Gran parte de los proyectos se ejecutan vía Asociación Público-Privada (APP), pero poco importa que varios hayan sido concesionados en la década del 2000, el avance se da de forma muy lenta.
El gráfico previo no considera obras “pequeñas” que están a cargo de algún Gobierno Regional (si fuera así, lo más probable es que las cifras presentadas sean más desalentadoras) y que implican la construcción o reconstrucción de infraestructura de uso público.
En ese sentido, el problema que aqueja a, diría el 99% del sector, es la demora en los procesos para iniciar ejecución. Desde que se formula el proyecto hasta la ejecución de obra pasan casi tres años en promedio (SEACE, 2020). Las consecuencias de estas demoras pueden ser varias: desde el no empleo de mano de obra, falta o deficiencia de servicios públicos (el sector salud es un grave afectado como hemos notado en la pandemia) hasta no preparar a las localidades para protegerse de fenómenos naturales (ejemplo, daño que ocasiona el Niño).
Ante ello, existe una posibilidad de reducir los plazos de trámite, estudios técnicos y demás para el inicio de obras: la experiencia de los contratos Gobierno a Gobierno (G2G). De forma resumida, los G2G aseguran que los plazos de formulación, licitación y ejecución de obras se respeten, aseguran que estos plazos sean cortos.
El sector construcción puede ser un gran impulsor de inversión pública para la economía si es que se tiene un marco legal claro, pocas o nulas trabas burocráticas, mejor coordinación entre los niveles del gobierno y, por supuesto, se erradica los factores corruptos.
En lo que respecta al sector minería, claramente es uno muy polémico, pero a la vez de trascendencia inmensa. Son muchos los frentes en los que la minería beneficia a nuestra economía: ingresos por exportaciones, tamaño de inversión para realizar proyectos, empleo y capacitación a pobladores de comunidades cercanas a sus yacimientos, demanda de insumos de otros sectores de nuestra economía, etc.
Como no es el propósito de es este ensayo en enfocarme únicamente en la minería, solo tomaré como referencia un interesante artículo de la revista Moneda titulado “Complementariedad sectorial de la minería” de Saldarriaga et al (2018) el cual trata sobre una de las más resaltantes bondades de este sector: los encadenamientos que genera con sus actividades (un encadenamiento es una actividad económica gatillada por la demanda de otro sector. Así, la demanda de insumos que permitan la operación de una mina sería un ejemplo simple de encadenamiento).
El artículo divide los beneficios que genera la minería en impactos directos e indirectos. Respecto a los impactos sectoriales directos, se resalta que la minería promueve en cierta medida la industrialización al demandar insumos de ese sector, entre otras cosas; y, en cuanto a los impactos indirectos, se menciona los resultados de una investigación sobre los impactos locales de la minería, incluyendo mayores ingresos y capacidad de gasto de los pobladores (Loayza & Rigolini, 2016).
El siguiente cuadro detalla los servicios de otros sectores que dinamiza la minería mediante la interpretación de la matriz insumo-producto (CCD, 2017)
Implicancias sectoriales en la agenda 2030 y en el desarrollo sostenible
En primer lugar, debemos saber que conocemos cuáles son los objetivos de desarrollo que buscamos. En síntesis, las Naciones Unidas definen a los objetivos de la Agenda 2030 como aquellos que brindan sostenibilidad económica, social y ambiental. Entonces, en función a lo anterior, se infiere que tenemos como metas a la reducción de la pobreza, educación de calidad, infraestructura moderna, servicios públicos de calidad, crecimiento del empleo, etc.
¡Las políticas sectoriales pueden jugar un rol clave en camino a las metas mencionadas! Así también lo reconoce Waldo Mendoza, reconocido investigador en la materia, en una entrevista: “para elevar la tasa de crecimiento están las políticas sectoriales” (Mendoza, 2020).
Por consiguiente, la performance sectorial (y sus políticas) debe tener orientación a 1)mitigar la pobreza mediante la creación de empleos y demanda de trabajo de otros sectores, 2)innovar en sus técnicas de trabajo para minimizar el impacto negativo sobre el medioambiente, 3)promover una igualdad de trato a todos los trabajadores y pobladores de comunidades cercanas, 4)facilitar el acceso a servicios públicos de calidad (reducir las trabas administrativas para el acceso), 5)apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en el mejoramiento de los servicios básicos, 6)usar la inversión pública como “puente” para promover la inversión privada, etc.
La actividad agropecuaria puede aportar mucho en cuanto a elevar la calidad de vida de la población se refiere. Uno de sus principales desafíos radica en mantener el creciente flujo de producción junto a su amplio mercado destino.
En esa línea, en materia de desarrollo sostenible es muy importante que la agroindustria incremente la siembra de cultivos para biocombustibles en lugares deforestados y un factor que no apoya ello es la falta de títulos de propiedad en las tierras mencionadas (José Machicao, 2013). Es en estas tierras donde se pierde un gran potencial de producción, demanda de mano de obra, ingresos por exportaciones, beneficios de innovación, etc. Ese es un punto por tomar en cuenta para la agroindustria en el tema de reactivación.
Entonces, ¿cómo facilitar el desarrollo del sector?, la FAO clasificó las acciones necesarias que debería tomar el Estado para favorecer un entorno que favorezca el desarrollo de las empresas del sector y, consecuentemente, se incremente la competitividad. Veremos que un rol básico pertenece al de promover la infraestructura, reconociendo su impacto favorable en el desarrollo económico (Da Silva, Doyle, Shepherd, Jenane, & Miranda, 2013). Además, estas recomendaciones coinciden con lo sostenido por Acemoglu y Robinson respecto a la importancia de las instituciones en su rol de promover la competitividad de los agentes económicos (Acemoglu & Robinson, 2012).
Respecto a la construcción, además de ser un impulsor de la inversión pública y privada este sector refleja su producto final en un legado tangible que sirve para la prestación de servicios básicos a la población. Vemos ejemplos de beneficios plasmados en la utilidad de un hospital para una localidad, cuan útil puede ser una escuela para los niños de una comunidad o lo beneficioso que es la existencia de una carretera que conecte regiones y así permitir el desarrollo de cualquier actividad económica.
Dicho lo anterior, lo más coherente es tener las obras de infraestructura terminadas en el menor tiempo posible porque mediante ello estaremos más cerca de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lograrlo? Una experiencia exitosa de obras terminadas en tiempo récord es el caso de los Juegos Panamericanos. Mediante el uso de la modalidad G2G se pudieron terminar obras que, bajo el proceso “estándar” de obra pública, nos hubiera tardado más tiempo. Otro aspecto para mejorar en el sector es reducir los obstáculos burocráticos y factores de corrupción que no solo retrasan proyectos “pequeños” a cargo de municipalidades, sino que, y según (Yamada & Montero, Corrupción e inequidad en los servicios públicos del Perú, 2011) también aumentan la desigualdad y acceso a servicios públicos.
Por lo tanto, la reactivación económica de la mano de este sector estará en función de la capacidad de las distintas instancias del gobierno (nacional, regional y local) para ejecutar los proyectos de construcción reduciendo cualquier obstáculo contractual o social que se presente.
El aporte del sector minero al desarrollo sostenible se puede ver en los distintos beneficios que proveen a la población, pueden ir desde la construcción y mantenimiento de obras sociales, programas de salud y educación, apoyo a la inversión pública y por supuesto, la generación de empleo. Podemos poner de ejemplo al acuerdo entre la minera Antapaccay y el gobierno de Espinar, ambos tienen un acuerdo en el que la minera se compromete a invertir en promover programas sociales en favor de la comunidad (Marco, 2003). Además, de acuerdo a (Molina, Olivari, & Pietrobelli, 2016) la minería peruana ha impulsado la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en diversas áreas técnicas.
Con la siguiente gráfica podemos ver que hay cierta relación positiva entre la inversión del sector y el empleo que demandan, a pesar de que los principales proyectos (Quellaveco, Toromocho y Mina Justa) están en fase final de construcción, hay una serie de proyectos menores que requerirán una importante inversión para realizarse. Por lo tanto, se espera que el sector continúe demandando mayor mano de obra y siga aportando al desarrollo (y reactivación) del país a pesar de la coyuntura.
Entonces, entendemos que la continuidad de operaciones mineras son clave para una viable reactivación. Es así que deberían brindarse las condiciones para que no se paralicen y, adicionalmente, reforzar la regulación por parte de las entidades públicas con el objetivo de amortiguar impactos negativos hacia el medioambiente (mayor rigurosidad en los requerimientos para que un Informe Técnico Sustentatorio sea aprobado por el SENACE, por ejemplo).
Conclusiones
Como hemos visto, el Perú cuenta con diversos motores de crecimiento los cuales son gran fuente potencial de empleo, inversión y desarrollo inclusivo. Llegaremos a lograr las metas de la agenda 2030 y desarrollo sostenible si es que estos motores retoman la senda de crecimiento que tenían antes de la emergencia sanitaria, porque es en la misma dinámica sectorial que ya se observaba un avance a favor de los objetivos de desarrollo sostenible: la agroindustria con la diversidad de plantaciones a nivel nacional durante todo el año, la construcción permitiendo que muchos peruanos accedan a servicios básicos e impulsando la inversión pública y privada, la minería generando encadenamientos que dinamizan y promueven la innovación junto a la industria nacional, etc.
Todo lo anterior acompañado de un marco legal claro, normas que faciliten (o al menos que no obstruyan) el trabajo de los sectores y buena gobernanza; es decir, el fortalecimiento de instituciones inclusivas que sirvan de apoyo para el desempeño sectorial, son la clave para una exitosa y rápida reactivación económica enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible.
Referencias
- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países. Crown Publishing Group.
- BCRP. (2020). Reporte de Inflación. Lima: BCRP.
- CCD. (2017). Beneficios micro y macroeconómicos de la minería. Lima: Centro para la Competitividad y Desarollo .
- Cochilco. (14 de Agosto de 2020). Cochilco. Obtenido de https://www.cochilco.cl/Paginas/Estadisticas/Bases%20de%20Datos/Precio-de-los-Metales.aspx
- COES. (28 de Agosto de 2020). COES. Obtenido de https://www.coes.org.pe/portal/
- Da Silva, C., Doyle, B., Shepherd, A., Jenane, C., & Miranda, S. (2013). Agroindustrias para el desarrollo. FAO.
- INEI. (15 de Julio de 2020). INEI. Obtenido de http://m.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/informe-de-empleo/1/#lista
- José Machicao, J. O. (2013). Matriz energética en el Perú y energías renovables vol.VII. Fundación Friedrich Ebert .
- Loayza, N., & Rigolini, J. (2016). The Local Impact of Mining on PovertyandInequality: Evidence from the Commodity Boom inPeru. Banco Mundial.
- Marco, C. (2003). http://www.conveniomarcoespinar.pe/content/index.php. Obtenido de Convenio Marco: http://www.conveniomarcoespinar.pe/content/index.php
- Martínez, M., & Quineche, R. (2014). Un indicador líder para el nowcasting de la actividad económica del Perú. Mimeo.
- Mendoza, W. (12 de Febrero de 2020). Políticas sectoriales. (D. Gestión, Entrevistador)
- Molina, O., Olivari, J., & Pietrobelli, C. (2016). Global Value Chains in the Peruvian Mining Sector. Washington: Inter-American Development Bank.
- Pérez, F., Ghurra, O., & Grandez, R. (2016). Un indicar líder de actividad real para el Perú. Banco Central de Reserva del Perú.
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