Por Karen Shulssy Lujano Cruz, estudiante de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano.
” (…) y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.” Objetivo 16 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
Somos los herederos de algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo gracias al trabajo de los Incas, un imperio muy organizado y que se basaba solamente en tres principios: ama sua, ama llulla y ama quella. Es precisamente el primer principio que significa “no seas ladrón” el que nos revela que en la época del Imperio Incaico ya existían personas que buscaban beneficiarse mediante el robo. La corrupción siempre ha vivido enquistada en el mundo y en nuestro país, donde hemos observado hechos trascendentales como “lava jato” hasta actos menos conocidos como la sobrevaloración de precios en licitaciones y compras públicas de una municipalidad. Al parecer hoy en día ya no es suficiente tener un principio como el “ama sua” porque hasta las mismas leyes son manipuladas a beneficio propio aprovechando los vacíos legales.
Pese a que constantemente se difunden investigaciones académicas que reconocen a la corrupción como factor negativo para el crecimiento y desarrollo económico, así como, sus graves consecuencias en el ámbito social, este mal sigue extendiéndose. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción del 2019, la mayoría de los países no hicieron grandes esfuerzos para luchar contra la corrupción (Transparencia Internacional, 2019). En una escala del 0 al 100, donde 100 significa “total transparencia”, el promedio global fue de 43 puntos y solo 20 de los 180 países analizados presentaron una mejora. En el caso peruano, el índice de percepción de la corrupción subió un punto, de 35 a 36, lo que significa cierta mejora, pero es evidente que la corrupción existe y que tiene un impacto negativo en la economía.
En tal sentido, el objetivo de este artículo es analizar el impacto de la corrupción en la economía peruana durante la actual pandemia. Para ello, sustentaré que la corrupción tiene un impacto negativo en las tasas de crecimiento económico, la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la pobreza monetaria, que se intensifica en época de crisis sanitaria.
En primer lugar, como era de esperarse, la actual pandemia ha afectado enormemente el crecimiento económico a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción del 3% del PBI mundial para este año, lo que supone la peor crisis desde 1930 con la Gran Depresión. En el caso peruano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó una caída del 4% de su PBI.
Si al panorama descrito le sumamos una crisis de corrupción, la caída del crecimiento económico podría ser mayor a lo proyectado y se estaría más lejos de alcanzar el anhelado objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionado al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. A lo largo de la historia, los países con mejor clasificación, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción, son aquellos que han logrado mayores avances en cuanto a desarrollo económico; por lo cual, es aceptable deducir que la corrupción ha tenido influencia en la capacidad de un país para fomentar su crecimiento y desarrollo económico. Si nos centramos en Perú, encontramos que durante los años en los que el índice tuvo una tendencia alcista es cuando se calcularon las tasas de crecimiento más bajas (Ver Gráfico 1).
En segundo lugar, atravesamos un periodo en el que casi todos los gobiernos del mundo han destinado notables presupuestos para enfrentar la emergencia sanitaria. El caso peruano no fue la excepción, resaltó incluso a nivel regional, siendo reconocido por ofrecer el mayor paquete de estímulo fiscal en la región frente a la pandemia poniendo a disposición más de US$ 25.000 millones de sus recursos públicos. Por lo que había gran posibilidad de que la corrupción sea mayor durante esta pandemia debido a la mayor apertura del gasto público. Y fue así, a los días se encendieron las alarmas debido a actos de corrupción, procesos como la entrega de canastas básicas a las familias que más lo necesitaban o la compra de elementos de protección para la policía quedaron marcados por presunta sobrevaloración de precios y malversación de fondos públicos.
Una serie de investigaciones han demostrado que la asignación del gasto público tiene influencia en la economía de un país, por lo que la calidad de este aspecto es clave para garantizar el desarrollo económico sobre todo en economías emergentes como la nuestra. Además, como señala el Banco de Desarrollo de América Latina (2019), la corrupción debilita la capacidad del estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad. Sin embargo, garantizar la calidad del gasto público en nuestro país se convirtió en una condición difícil de cumplir más aún frente a la crisis actual.
Aquí es donde entra a tallar el rol importante de los servidores públicos, pues son ellos quienes velan por el uso adecuado de los fondos públicos asignados, pero ¿por qué aún existen brechas en casi todos los sectores? basados en el concepto económico de la maximización de beneficios es muy probable que los individuos prefieran maximizar su enriquecimiento privado al público, porque les cuesta menos, al ser ínfima la probabilidad de ser detectados sumado a ello el hecho de que sus ingresos aumentan sin mucho esfuerzo.
Hasta el momento la Contraloría General de la República ha detectado 166 casos de corrupción en el sector público durante el estado de emergencia que van desde peculado, desviación de productos, cohecho y hasta proselitismo ilegal. A pesar de la crisis de salud que vivimos y siendo un momento en el que más se necesita de un adecuado manejo del presupuesto nacional, a través de instituciones sólidas en todo el país, dicho mal sigue dando de qué hablar.
En tercer lugar, el 20.2% de la población en el Perú vive en situación de pobreza, lo que se debe a problemas estructurales y herencias históricas no resueltas, así como, reformas económicas y políticas poco exitosas. Esta situación nos llevó a menores tasas de crecimiento en el índice de desarrollo humano, especialmente durante el periodo 2014 – 2015 (Ver Gráfico 2). Si a ello le sumamos un contexto de crisis sanitaria en el que los recursos designados para aliviar el impacto en los sectores más vulnerables están siendo malversados por algunos funcionarios, es claro que el impacto negativo será mayor.
Es innegable el esfuerzo de nuestro gobierno y algunas instituciones por desarrollar políticas en favor de la población, incluso tenemos excelentes propuestas como el denominado “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” elaborado por la Contraloría General de la República, pero que presentan deficiencias durante el proceso de implementación, hasta se podría decir que son utópicas al no considerar las brechas en cuanto a institucionalidad.
Las investigaciones académicas que analizan el impacto de la corrupción en la economía generalmente se inclinan por variables como la inversión, productividad o crecimiento, ahora debemos sumarle a ello el gran impacto negativo en contra de las poblaciones vulnerables, sustentado en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que invita a crear las bases de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.
En conclusión, la corrupción deteriora el crecimiento económico, fomenta la ineficiencia en la distribución de los recursos públicos y tiene un impacto particularmente severo en los grupos más pobres del Perú. Estos efectos son mayores a causa de la crisis sanitaria, debido a la mayor apertura de los fondos públicos acompañado de un menor control.
A modo de reflexión, frente al previsible colapso económico y la tendencia por la corrupción en tiempos del COVID-19, es posible que veamos expresiones de descontento social por parte de algunos sectores de la población. Después de todo, escenarios actuales como el de Estados Unidos nos muestran que ni una pandemia puede contener la indignación social. La crisis actual nos está demostrando, por tanto, la necesidad de contar con instituciones sólidas que prioricen la lucha contra la corrupción con el objetivo de fortalecer el sistema económico y consecuentemente el social.