Por Carlos Idrogo Benavidez, egresado de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo.
"El minero no sabe nunca si va a volver a casa". (Jimmy Cardona, 2015)
Desde la llegada del “covid-19” al Perú muchos de los medios de comunicación han centrado su atención en este virus, y como no hacerlo, si desde su aparición el mundo que conocíamos dejó de ser el mismo. Muchos de nuestros planes para este 2020 se han visto truncados, tuvimos que adaptarnos rápidamente a un nuevo estilo de vida producto del aislamiento social obligatorio.
Sin embargo, no podemos dejar de lado aquellos problemas que desde varios años continúan retrasando el progreso del país. Uno de ellos es la minería informal, un mal social que hasta el día de hoy sigue siendo parte de nuestra realidad nacional.
La minería es una de las actividades económicas más importantes del Perú, la cual se ha desarrollado desde la época pre inca. Actualmente, representa casi el 10% del PBI nacional y el 61% del valor total de las exportaciones mineras (Ministerio de Energía y Minas, 2019).
Los procesos de instalación minera informal e ilegal afectan tanto a los recursos naturales como a las personas que viven en la zona donde se realiza la actividad. Por tanto, en este caso, el desarrollo de las actividades mineras informales además de alterar la vida y el funcionamiento de las familias, daña y contamina nuestro medio ambiente.
Frente a esta problemática, desde el año 2012 el Ministerio de Energía y Minas empezó a aplicar varios procesos de formalización para combatir este mal social.
Realidad de la Minería Informal
De acuerdo con Bernales, Valdivia, & Chaparro Eduardo, (2007), describen a la informalidad como una de las más grandes problemáticas que aquejan a las cifras de la economía de nuestro país, si bien esta actividad informal significa un ingreso económico para aquellas familias en estado de probreza, dicho aporte económico no se registra dentro de las cuentas nacionales.
El primer proceso de formalización se llevó a cabo el 19 de abril de 2012, gracias al decreto legislativo N° 1105 aprobado por el Poder Ejecutivo en virtud de sus facultades para legislar en materia de la minería informal según lo otorgado por el por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 29815, dentro de un paquete de normas aprobadas cuyo objetivo era garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural la sostenibilidad del ecosistema.
En la primera etapa las empresas mineras debían presentar una “declaración de compromiso” la cual les permitiría continuar con sus actividades por dos años más, es decir hasta el 19 de abril de 2014.
Dando como resultado que, a inicios del 2014, de 70 858 mineros informales que presentaron dicha declaración, solo el 15% continuó con la presentación de documentos para iniciar el proceso de formalización y solo el 5% de mineros contaban con Registro Único del Contribuyente (RUC).
Al no haber alcanzado los objetivos que en un primer momento se trazaron, el gobierno peruano se vio obligado a ampliar el plazo por un año más. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades gubernamentales, los resultados seguían siendo desalentadores.
Al finalizar el año, en diciembre de 2014, la Defensoría del Pueblo informó que, de las 58 835 declaraciones presentadas, solo 16 empresas dieron el paso de formalizarse, lo cual logró beneficiar a apenas 631 mineros.
De acuerdo con lo anunciado por la Defensoría del Pueblo, las razones por las que esto ocurrió son: en primera instancia por la inadecuada articulación existente entre los diferentes niveles de gobierno, caracterizados por sus carencias técnicas, logísticas y presupuestarias; en segunda instancia señala a la ausencia de recursos a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), dichos fondos debieron servir como incentivos económicos para financiar los costos que genera el proceso de formalización.
Si bien es cierto en un primer momento se trató formalizar a los trabajadores informales de una manera pacífica (a través de incentivos), al ver que esto no estaba dando los resultados que esperaban; el gobierno optó por una medida violenta, la cual terminó por empeorar la situación en la que los mineros informales se encontraban; a esto se le suma la falta de coordinación existente entre los diferentes niveles del gobierno peruano.
Causas
Para entender mejor por qué la minería informal sigue presente en nuestro país, es importante atender a las motivaciones de los mineros informales hacia esta actividad. Cárdenas y Saraiva señalan que las motivaciones para trabajar en minería son familiares, independencia financiera, influencia de amigos y experiencias anteriores; todas ellas vinculadas con la percepción de esta actividad como determinante para la calidad de vida. Esta actividad es una combinación de supervivencia y oportunidad de empleo.
La minería informal no contribuye de manera efectiva para la calidad de vida de las familias, pues los trabajadores ingresan en busca de un mejor salario y pata poder cumplir ciertas metas para el bienestar de su familia, no con la intención de dedicarse para siempre a este trabajo, y es por esto que ponen su salud en un segundo plano.
Las causas del incremento de la minería informal en los últimos años en el Perú son tres. La primera, tiene relación con el alza sostenida del precio internacional de los metales, en especial el oro. La segunda es la falta de inversión pública y privada en sectores económicos más importantes para generar un mayor dinamismo en la economía, y por último un problema que persiste en el país desde ya distintos periodos de gobierno, la debilidad de las distintas instituciones del estado vinculadas más al tema de corrupción y las trabas burocráticas.
Otro problema a enfrentar es la falta de interés por parte de las autoridades gubernamentales en tratar de agilizar el proceso de formalización. Por ello resulta importante que las autoridades gubernamentales se sientan comprometidas con el Perú, para que puedan ralizar sus labores con la mejor disposición, siempre priorizando la mejora continua de la calidad de vida de los peruanos.
Consecuencias
Sin duda alguna la evasión tributaria es una de las consecuencias del deficiente proceso de formalización de la minería informal en nuestro país. Durante los años 2003-2014 la evasión tributaria por parte de las empresas informales llega al monto de 15 777 millones de dólares y muchas llegaron a tener un margen de ganancia entre 8.16% hasta un 43.63% (el cual varía de acuerdo a la inversión en capital realizada).
Esto definitivamente afectó a la recaudación nacional, haciendo que la economía peruana pierda dinamismo. Se puede evidenciar que los pocos avances en el proceso de formalización de la minería informal, no solo afectan a los mineros, quienes están relacionados directamente con esta actividad; si no también a toda la población peruana, pues el monto económico que deja de percibir el estado peruano, impide y/o retrasa que se lleven a cabo las obras públicas tales como: construcción de escuelas, carreteas, parques, etc.
El proceso de formalización, no solo busca tener un mejor control de la recaudación tributaria, si no también que este tipo de actividades reduzcan sus niveles de contaminación ambiental, y esto solo puede lograrse teniendo un control estricto sobre la forma en la que los procesos metalúrgicos son llevados a cabo, y para ello es necesario que se formalicen.
Por ello, no basta solo la existencia formal de dicha norma jurídica, ni su exigibilidad implícita, sino que también se requiere de una correspondencia entre norma y realidad, con el fin de que se manifieste la funcionalidad y la legitimidad del Derecho. En otras palabras, el decreto legislativo N°1105 no ha sido eficaz ni eficiente, ya que no cumplió con los valores jurídicos que esta perseguía, entre ellas la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
Resultados
Afortunadamente, no todos los esfuerzos han sido en vano. Luego de los esfuerzos realizados por tratar de formalizar a los mineros informales, de los 100 mil operadores mineros, 77 mil entregaron su declaración de compromiso, en donde se pudo corroborar su voluntad y deseo por ser parte del umbral de la formalidad.
Continuando con los resultados obtenidos de los procesos de formalización minera en el Perú de acuerdo con la ministra del ambiente (2016), Elsa Galarza, mencionó que el gobierno peruano ha progresado en la formalización de los mineros informales, como prueba de esto, indica que, en el año 2016, hasta el mes de julio, el gobierno había logrado formalizar a más de 1000 mineros.
Según lo expuesto por el Ministerio de energía y Minas, en noviembre del 2018, se optó por aplicar un plan de incentivos económicos en aquellas regiones como: Apurímac, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna; a las cuales se les destinó un monto total de más de 1 millón de soles, con la finalidad de promover la formalización minera; como consecuencia de esta iniciativa.
Se lograron obtener buenos resultados, puesto que hasta el año 2017 el total de formalizados fue de 114, mientras que para el año 2018 esta cifra llegó a superar los 6400 mineros formales, esto debido también a una mayor agilidad en el proceso de formalización. (Ministerio de Energía y Minas, 2018)
En el 2019 el gobierno nacional anunció la publicación de la ley N° 31007, en la cual amplió el plazo para que los mineros informales puedan registrarse dentro de la minería formal, gracias a esta medida, ahora los mineros tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta iniciativa logró beneficiar a más de 70 mil mineros, para esto fue necesaria la intervención del Ministerio de Energía y Minas. (Ministerio de Energía y minas, 2019).
Cierre
A partir de lo mencionado, se puede evidenciar que uno de los problemas identificados que han obstaculizado el avance en el proceso de formalización de la pequeña minería, se vincula con los vacíos de información y la falta de capacitación sobre los alcances y contenidos de las normas que se han ido aprobando. Este problema ha afectado tanto a los mineros que buscan formalizarse, como a los funcionarios de los gobiernos regionales.
En este último caso, este problema resulta medular, pues estos funcionarios son los encargados de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la formalización, y, en última instancia, son los funcionarios competentes para determinar si el pequeño minero reúne las condiciones para formalizar sus actividades.
Si bien es cierto, nuestro país siempre se ha visto caracterizado por trabas burocráticas que han sido el principal problema al que se han enfrentado las empresas informales, en el Perú también han brindado las facilidades a los mineros informales, como prueba de ello está el decreto legislativo N° 1105 publicado en el 2012, en el cual se les permitió a las empresas mineras continuar realizando sus actividades por dos años consecutivos, hasta que lleguen a consolidarse como empresas formales; sin embargo no se lograron los resultados esperados.
Sin duda alguna la minería informal tiene efectos negativos en el Perú, afectando no solo la economía del país, sino también a los estratos sociales más pobres, pues en la mayoría de casos los acopiadores y contrabandistas, se aprovechan de la condición de pobreza en la que estas personas se encuentran, prometiéndoles mejorar su situación económica. Pero una vez finalizada la actividad minera los obreros siguen estando en una situación de pobreza y peor aún regresan enfermos a sus hogares, muchos de ellos incluso llegan a fallecer debido a las condiciones precarias en las que trabajan.
Finalmente, podemos afirmar que los resultados de los procesos de formalización de la minería informal en el Perú, durante el periodo de 2012 – 2019 han sido positivos, a pesar de no tener los resultados esperados, si se ha logrado reducir el nivel de informalidad minera que existía en el Perú.